DOMINGA.– En el corazón de Cancún, entre ‘resorts’ de lujo y playas de color turquesa, se escondía un infierno disfrazado de legalidad. Durante más de 15 años, un exagente de inteligencia argentino, Raúl Luis Martins Coggiola, vivió cómodamente en el paraíso turístico de México, mientras dirigía una red de esclavitud sexual. Bajo la apariencia de un empresario hotelero de respeto ocultó sus oscuros negocios.
Con preparación en el servicio de inteligencia de su país, en la Secretaría de Inteligencia del Estado Argentino, al que perteneció durante el periodo de 1974 y 1987, Martins Coggiola tuvo como principal objetivo “desperonizar”al país. Es decir, participar en la prohibición al peronismo de postularse en elecciones, quemar sus libros, castigar a quienes tuvieran en su casa una imagen de Evita o Juan Domingo Perón.
En 2002, el exagente argentino reinició su vida como cualquier extranjero en México en busca de una nueva oportunidad. Pronto, su fachada de empresario le permitió camuflar actividades ilícitas, explotando a mujeres detrás de un próspero negocio que se ofertaba como centro nocturno con diferentes nombres: The One, The Open o Divas Mix Sky.
A sus 70 años, arrestado en octubre de 2019, casi a la media noche, Martins es escoltado por al menos siete agentes de la Policía Federal y funcionarios del área de migraciones. El operativo se desarrolla en silencio, sin estridencias. Uno de los oficiales lo toma del hombro, guiándolo con firmeza pero sin esposas. La escena es sobria pero reveladora: el peluquín no fue suficiente. Su identidad ha sido descubierta y su cabeza calva queda a la vista, símbolo de una farsa que no resistió el escrutinio de las autoridades.
Cada detalle de su atuendo parece cuidadosamente pensado: una paleta sobria de blanco, negro y dorado en su vestimenta. Los anteojos de marco fino, negros, cuelgan discretamente de su remera. En la muñeca izquierda, un reloj brilla con discreción. Una cadena de oro se desliza por su cuello, completando la imagen de elegancia contenida. Y su piel luce un bronceado que delata horas dedicadas al cuidado personal.
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Lo que parecía una operación legítima, con permisos y registros en orden, se convirtió en epicentro de una red internacional de trata de personas. Su vida de lujo y su habilidad para el lavado de dinero hicieron que la estructura de su negocio fuera casi invisible, hasta que la verdad salió a la luz. El escándalo no estalló por una operación de inteligencia mexicana, ni por un descubrimiento fortuito. Fue su propia hija, Lorena Martins, quien denunció ante las autoridades argentinas los delitos que su padre cometía con impunidad a kilómetros de su tierra natal.
El exespía logró operar con impunidad durante años gracias a su poder financiero y a sus conexiones con la justicia. Aunque su extradición fue aprobada, un juez mexicano ha considerado prisión domiciliaria alegando violaciones a sus derechos humanos, esto mientras se resuelve un amparo en su contra identificado con el numeral 621/2023, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Su caso evidencia que el país no ha podido frenar las redes de explotación sexual. Mientras que en Argentina, sus propiedades quedaron en manos del Estado.
Su testimonio fue crucial para destapar una red que se había mantenido oculta en las sombras. A pesar de la denuncia de Lorena, las instituciones mexicanas continuaron sin ofrecer una explicación sobre cómo el argentino logró establecer un imperio criminal en un país cuya policía y autoridades migratorias parecían ajenas a su operación. ¿Cómo logró Martins Coggiola establecer un imperio criminal, donde los grandes capos, empresarios y hasta su familia se vio involucrada? Este caso subraya cómo organizaciones criminales de trata de personas han operado con impunidad. Esta es su historia.
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El disfraz legal de Raúl Martins: una empresa con rostro turístico
La estructura criminal que construyó Raúl Martins Coggiola no sólo era efectiva, sino que también estaba cuidadosamente enmascarada en una serie de trámites legales que le permitieron operar durante más de una década.
Con el respaldo del notario público 13 de Cancún, Rubén A. Barahona López, Martins y su entonces pareja sentimental, Estela Noemí Percival, constituyeron la empresa Turística Swing, S.A. de C.V. El capital inicial: 50 mil pesos, repartidos a partes iguales. Este fue la puerta de entrada para legalizar una red de prostitución que operaba a la sombra de una fachada de negocios legítimos, con el folio mercantil número 14331.
La empresa fue registrada ante la Secretaría de Hacienda con un abanico de actividades aparentemente legales: compra y venta de fraccionamientos, remodelación, edificación de hoteles y moteles, renta de restaurantes, e incluso la istración de plazas comerciales. Pero detrás de ese nombre fiscal, Turística Swing, operaba una marca más conocida entre los cancunenses.
The One se dedicaba a ofrecer entretenimiento y bebidas en el bulevar Kukulán, asistían turistas y empresarios, pero en realidad era un lugar en el que se aprovechaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. De hecho, lo que parecía una simple oferta de ocio, en realidad servía como un centro de captación y explotación de mujeres, un esquema típico de trata de personas.
Lo que ocurrió dentro de las paredes de The One (prostitución, lavado de dinero y venta de drogas según las narraciones del caso) reflejaba una cruel realidad. Las mujeres eran atraídas con promesas de empleo pero pronto se encontraban atrapadas en una red que las explotaba sexualmente.
La operación era sofisticada, enmascarada detrás de la fachada de una empresa legalmente registrada, con un sistema de pagos que permitía justificar las ganancias como si fueran de negocios legítimos.
Una estructura empresarial hecha para el crimen
Raúl Martins Coggiola construyó una red que operó impune y clandestina. Según los relatos, cadenas de restaurantes y otros servicios servían de fachada para movilizar mujeres que se encontraban privadas de su libertad.
Por ejemplo, en entrevista con la periodista Adela Micha, la hija de Martins reconoce que algunos trabajadores, de la mano de integrantes de Los Zetas, llevaron menores de edad que eran “entregadas” a sus manos para que, a su vez, él buscara “comprador”; en tanto las mantenía retenidas haciéndolas pasar por meseras o mozas. Gracias a que fue nombrado único de Turística Swing, Martins tuvo el poder absoluto para dirigir todas las operaciones criminales con licencia de restaurante.
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En el documento de constitución, Estela Noemí Percival, su pareja y cofundadora, quedó registrada como Comisaria de Vigilancia, pero su función principal era asegurar que las operaciones de la empresa no fueran detectadas. Eva Silvia Guerrero García fue designada apoderada legal con facultades limitadas, mientras que José de Jesús Liguori Barrios aparece como el otorgante del expediente de la sociedad mercantil. Los socios no poseen más propiedades, ni se tiene registro de que estén siendo investigados.
Esta estructura, de mando único, permitía a Martins Coggiola tomar decisiones clave sin que sus socios estuvieran directamente involucrados –o enterados– en la parte más arriesgada de la operación. Esta compartimentación de funciones hizo que la red fuera mucho más difícil de rastrear. El sistema estaba diseñado para proteger a los involucrados y garantizar que las autoridades no pudieran vincular fácilmente a las personas detrás de la empresa.
Durante 16 años, gracias a las licencias del centro nocturno, se garantizó que las inspecciones constaran sólo procesos de verificación al inmueble y no a las personas trabajadoras.
La caída del proxeneta y la denuncia que lo cambió todo
La caída de Martins Coggiola comenzó no por una investigación en México, sino por la valiente denuncia de su propia hija, Lorena Martins, quien arriesgó su propia vida simulando entablar comunicaciones. Lorena, a pesar de haber señalado algunas operaciones de su padre anteriormente, rompió el silencio en redes sociales en 2019.
Contó a profundidad todo lo ocurrido después de pedirle trabajo a su padre y reconstruir la trama entrevistando a sus empleados. “Se acercó una chica que estaba borracha y me comentó que no podía trabajar sobria debido a las condiciones [...]. Otra chica se lanzó por la ventana para no sostener relaciones sexuales con un integrante de los Zetas”, dijo.
En sus redes sociales, denunció los negocios ilícitos proporcionando pruebas concretas ante las autoridades argentinas, por ejemplo, testimonios de trabajadores de su padre, fotografías, la lista de cuotas que cobraban a las mujeres que explotaba, direcciones de los prostíbulos, sus actividades y la forma en la que despojó a su madre y a las tres hijas. Según comenta, Raúl Martíns culpaba a los servicios de inteligencia argentina de la red de trata con fines de explotación sexual.
Su denuncia fue crucial, permitió abrir una causa judicial que escaló hasta la Corte Suprema de Argentina. Esta acción valiente no sólo expuso a su padre, sino que también ayudó a desmantelar parte de la red de trata que él había establecido.
El caso no sólo involucró al exespía, también a su hijo Mariano Julio, quien fue acusado de ingresar bienes no declarados en el mercado argentino, lo que constituía un paso más en el esquema de lavado de dinero que sostenía la organización. Mariano, que en ese momento residía en España, también fue sometido a un proceso judicial con el objetivo de que enfrentara la extradición, un proceso que se encuentra en curso.
Lorena Martins, con su valentía, se convirtió en la voz que desafió la red de explotación sexual y lavado de dinero que expuso a su familia como núcleo criminal. La denuncia de Lorena fue el primer paso para comenzar a desmantelar la estructura internacional tejida a través de empresas en México y Argentina. El caso, luego de su captura, ocupó titulares en México, Estados Unidos y el Cono Sur, dando como resultado una historia donde las autoridades argentinas resultaron culpables de entrenar a quién terminó calificado como uno de los principales “zares de la prostitución en Argentina y Cancún”, dicho por su propia hija y redactado por Salvador Camarena en su columna de El País.
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El silencio institucional y la dirección en el paraíso
El proceso judicial de extradición sigue su curso, pero las preguntas sobre la pasividad de las instituciones mexicanas aún flotan en el aire. La Fiscalía General de la República aún no ha emitido una respuesta clara sobre cómo Martins Coggiola pudo operar tan abiertamente, sin ser detectado por los mecanismos de control y fiscalización del país.
El hecho de que Raúl Luis Martins Coggiola haya podido vivir por más de 15 años en Cancún, una de las zonas más vigiladas y turísticas de México, sin levantar sospechas, resalta la debilidad de los controles de migración y los mecanismos de vigilancia en el país, donde el turismo todo lo disimula.
El caso de Martins es un ejemplo claro de cómo las redes de trata de personas pueden operar con éxito si se aprovechan de las fallas estructurales en las instituciones que mantienen el orden y la legalidad.
Martins Coggiola, puesto a disposición de un Juez de Distrito en el Reclusorio Norte, cayó no por el peso de la justicia, sino por la voz de sangre que decidió no callar. Mientras su extradición se define entre amparos y privilegios, su historia queda como prueba de que, en México, hasta el infierno puede tener licencia de funcionamiento.
Su historia es la de un criminal con conocimientos de inteligencia, recursos económicos y una red de complicidades que le permitió disfrazar el crimen con éxito empresarial. Pero también es la historia de una hija que derribó el muro de silencio que protegía a su familia. En medio de la belleza de las playas, un burdel se disfrazó de éxito turístico.
GSC/LHM
