El 5 de febrero de 2024, en el marco del 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó ante el Congreso un paquete de 20 iniciativas de reforma. Entre el nutrido abanico de propuestas destacó una serie de modificaciones a la Carta Magna para reestructurar al Poder Judicial de la Federación (PJF).
La llamada reforma judicial se hizo efectiva mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre del mismo año —otra fecha histórica— y se consumará con la jornada de elecciones del próximo 1 de junio, fecha en que las y los mexicanos acudan a las urnas para votar por jueces, magistrados y ministros.
En el discurso, la reforma pretende alejar al PJF y sus instituciones de los intereses políticos y económicos que obstaculizan la adecuada istración de justicia. Sin embargo, desde que el proyecto estaba en manos del Congreso para su discusión, se advirtieron varios de sus posibles efectos.
Para conocer más sobre el impacto que podría tener la reforma de AMLO a la carrera judicial, MILENIO ó a Andrea Pozas Loyo, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para empezar: ¿Qué es la carrera judicial?
La carrera judicial está definida en las leyes mexicanas como el sistema institucional que comprende los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación, permanencia y separación del cargo de las y los servidores públicos del PJF.
En otras palabras, la carrera judicial es como se le conoce al sistema que regula los s y promociones de quienes integran el Poder Judicial a través de mecanismos como exámenes de aptitud y concursos.
Tal mecanismo fue implementado en la reforma judicial mexicana de 1994 ante la necesidad de tener instituciones independientes y dejar de lado el "pacto de caballeros" que estaba vigente desde la época posrevolucionaria.
"Se tenía que generar una carrera, una profesionalización y mecanismos que estuvieran institucionalizados para que el ascenso ya no ocurriera mediante recomendaciones, sino a través de exámenes y otros procedimientos", explicó Andrea Pozas en entrevista.
Tras la entrada en vigor de la reforma judicial impulsada por AMLO, el artículo 96 de la Constitución estableció que los cargos de mayor rango al interior de la judicatura mexicana —como jueces de Distrito, magistrados de Circuito, magistrados del Tribunal Electoral y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— ya no dependerán de evaluaciones técnicas, sino que llegarán a ellos las personas que sean elegidas mediante voto popular.
En contraste, los requisitos para ocupar puestos de un nivel inferior, como secretario u oficial, seguirán atendiendo los principios de la carrera judicial.
¿Por qué es importante la carrera judicial?
Durante la conversación, la investigadora destacó que la cantidad de conocimiento necesaria para ser juez o magistrado federal es inmensa y "hay muy poca gente que tiene conciencia de ello".
"Hay casos que son relativamente fáciles, pero otros son complejísimos y el sistema judicial requiere coherencia, entonces no sólo llegas y decides, sino que tienes que conocer todos los precedentes [...] Un delito no se puede castigar de un modo en un lugar y de forma absolutamente distinta en otro", precisó.
Sumado a ello, elementos como la gestión emocional y el manejo del estrés son aspectos que una persona que aspira a ser parte del Poder Judicial no adquiere en los libros, sino a través de la experiencia.
"Imagínate lo que es estar en las audiencias penales con gente que está enfrentando desaparición forzada. Los niveles de presión y el manejo emocional que se necesita no son cualquier cosa".
De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) obtenidos por la investigadora, hasta el 31 de mayo de 2024 había un total de 17 mil 402 personas que eran parte de la carrera judicial. De dicha cifra, 60% eran oficiales judiciales, 9% actuarios, 12% secretarios de juzgado, 12% secretarios de tribunal, 2% jueces y 3% magistrados.
Con los lineamientos válidos hasta antes de la reforma de 2024, a una persona de la carrera judicial le tomaba en promedio 16 años ascender al puesto de juez o jueza, mientras que el tiempo que tardaba para llegar a una magistratura era de más de 19 años.
Bajo esta narrativa, las modificaciones constitucionales impulsadas por López Obrador rompen con la lógica de ascender en la carrera judicial mediante las capacidades técnicas, el conocimiento y la experiencia, pues reserva los más altos cargos a quienes logren tener una robusta campaña electoral.
"Las características personales y relacionales que llevan al éxito en una campaña electoral son muy diferentes a aquellas que se requieren para salir avante en una evaluación institucionalizada de competencias y capacidades. Más aún cuando los requisitos para competir en la elección judicial no incluyen tener experiencia en la labor jurisdiccional", precisa Andrea Pozas en un texto que coescribió con Julio Ríos Figueroa para el libro La tormenta judicial.
¿Cómo afectan a la población los cambios en la carrera judicial?
Con el objetivo de dimensionar las posibles repercusiones de la reforma judicial en este sentido, la especialista planteó una analogía con el área de la medicina.
"Pensemos en un cirujano que estudió la licenciatura, se volvió internista e hizo una especialidad. El conocimiento que adquiere en una carrera tan larga va desde cómo hacer la operación hasta cómo maneja emocionalmente el estrés que conlleva ser cirujano, además de cómo gestionar un consultorio y la relación con su equipo. Todo eso se adquiere a lo largo del tiempo", destacó Pozas Loya.
En este sentido, precisó que las aptitudes necesarias para ganar una elección son muy distintas a las que se requieren para superar una evaluación de competencias.
"En un juicio penal te estás jugando tu libertad, o te puedes estar jugando tu patrimonio o la custodia de tus hijos. Las decisiones afectan a los individuos de modo directo, tú lo que quieres es justicia, no popularidad", sentenció la especialista.
Otra posible repercusión de esta reforma para la población consiste en que, al incorporar perfiles que no tengan un alto grado de experiencia y conocimiento del Poder Judicial, se generará un rezago que prolongará los plazos de resolución.
55% de las y los mexicanos prefieren jueces con experiencia
En diciembre de 2024, la Fundación Konrad Adenauer publicó una encuesta realizada por Catalina Pérez Correa y Carlos de la Rosa Xochitiotzi para conocer la opinión de las y los mexicanos respecto al Poder Judicial y la reforma impulsada por AMLO.Al preguntarles qué tipo de juez preferirían en caso de estar involucradas en algún proceso judicial, 55% de las personas encuestadas respondió que uno con trayectoria profesional, mientras que 43% optaría por un juez que llegó a su cargo gracias al voto popular.
Reforma judicial puede hacer más vulnerables a las y los jueces
La ruptura de la carrera judicial no sólo tendrá efectos en la ciudadanía, sino que también generará escenarios de vulnerabilidad para las personas juzgadoras, de acuerdo con la experta.
En su texto para La Tormenta Judicial, Pozas y Ríos Figueroa alertan que, con la discontinuidad de la carrera judicial, las y los aspirantes a ser jueces o magistrados se verán orillados a convertirse en figuras públicas en la localidad donde quieran ser electos, "lo que les hará vulnerables a presiones de actores políticos, económicos y criminales".
"En las zonas donde el crimen organizado es muy fuerte, es posible que desde antes de la elección empujen a su gente o a personas que tengan conexiones con ellos y después de la elección, las y los jueces van a ser conocidos por todos, entonces tendrán un nivel de presión mayor", agregó la investigadora en entrevista.
Adicionalmente, se prevé que las y los aspirantes puedan tener una gran "tentación" para aceptar la promoción de organizaciones políticas o grupos con intereses económicos, ya que "movilizar votos no es fácil".
"Al romper la carrera judicial vamos a tener una peor justicia. Será mucho más probable que nos enfrentemos a jueces y juezas menos competentes, con menos capacidades de gestión, con menos conocimiento del Derecho y con menos conocimiento del Poder Judicial", reflexionó Andrea Pozas hacia el final de la charla.
BM.
