La noticia del retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha desatado una serie de especulaciones, supuestamente informadas, sobre las razones qué habría tenido el Departamento de Estado de Estados Unidos para infligirle semejante castigo: desde vínculos con el crimen organizado y corrupción generalizada ligada a las aduanas, hasta huachicol fiscal. Es perceptible —en muchos círculos, no sólo en la oposición— la satisfacción de que, finalmente, alguien, así sea el gobierno de Estados Unidos, esté señalando y actuando en contra de los políticos-criminales. Y se entiende, ha sido escandalosa la inacción de la clase política (todos los partidos incluidos) para evitar la colonización de las instituciones a través de los narcocandidatos y la corrupción. En algunas regiones, los partidos simplemente sirven de vehículos para que los poderes fácticos criminales coloquen a los suyos en posiciones que les resultan funcionales: presidencias municipales, secretarios de seguridad pública, fiscales. Es un hecho.
Pero cuidado con esta reacción de satisfacción justiciera, porque quien está quitando visas sin dar explicaciones es un gobierno amoral que tiene una agenda propia que dista mucho de ser la de limpiar la vida pública de nuestro país. El “desvisadero” es una forma de intervención en la vida política de México, como lo podría ser la presencia de agentes de la DEA, un ataque con drones o cualquier tipo de operación encubierta. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el lunes que no fue informada de la medida tomada por Estados Unidos, ni de las razones por las que habían procedido con esta medida istrativa en contra de una gobernadora de su propio partido. La falta de información y la ausencia de una notificación oportuna lo revelan como una acción claramente hostil.
Tenemos el antecedente de la entrega de El Mayo Zambada por parte de Los Chapitos y orquestada por Estados Unidos, una acción largamente preparada —y no comunicada al gobierno mexicano— que desató una guerra mortífera en Sinaloa (1,261 muertos). ¿Acaso no había manera de lograr el objetivo de detener a los criminales y el tráfico de fentanilo sin provocar una guerra fratricida de consecuencias funestas para toda una región? No fue un acto amistoso, como tampoco lo es el desvisadero.
Estamos frente a un instrumento de intervención que puede desestabilizar la vida política del país y que deja a la Presidenta reducida al rol de mera observadora de una presunta operación limpieza de nuestra vida pública. Mal haríamos, además, en dar por hecho que estas acciones están sustentadas en hechos incontrovertibles. No sólo se pueden equivocar, sino que pueden hacerlo por razones que nos resultan irrelevantes internamente, como el que estos funcionarios hayan tenido tratos con empresas y gobierno chinos (cosa que han hecho en otros países).
Es, sin duda, en estos momentos cuando se vuelve más evidente el enorme costo que ha tenido para nuestro país la omisión y la falta de capacidad de nuestras autoridades para enfrentar la corrupción y encarar los vínculos político-criminales. Dejamos abierto un enorme boquete por el que hoy un gobierno interesado y sin escrúpulos, puede venir a sembrar el caos en nuestra vida pública, acusando discrecionalmente a funcionarios y políticos sin dar explicaciones y mucho menos aportar pruebas.
La operación limpieza la teníamos que haber hecho, y la tenemos que hacer nosotros.
