No hay forma de encontrarle lógica al proceso electoral en el que estamos metidos. Ni la boleta —imposible—, ni las campañas —absurdas—, ni las reglas —improvisadas—; nada tiene coherencia. Y todos lo saben: los organizadores, los promotores, los candidatos y los ciudadanos.
¿Cómo llegamos aquí?
El presidente López Obrador se fue desesperando (igual que sus antecesores, por cierto) con las decisiones que tomaban los jueces: en materia de seguridad (la liberación de criminales), respecto a sus reformas (el freno a la ley de la industria eléctrica) y con los retrasos que le impusieron los amparos a sus obras emblemáticas (caso del Aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya). En todos los casos, López Obrador lo resintió como obstáculos indebidos, políticamente motivados, que violentaban y obstruían reformas y disposiciones respaldadas por la mayoría de los mexicanos (por su victoria en 2018).
A punto de irse, el 5 de febrero de 2024, manda al Congreso veinte reformas constitucionales, que son en los hechos una suerte de ajuste de cuentas y testamento político. Propone, entre otras cosas, la elección de ministros, magistrados y jueces, la reducción de la clase política y la desaparición de los órganos autónomos (a los que también había resentido).
La elección del 2 de junio le da, para sorpresa de casi todos, la mayoría calificada que hace posible esas reformas. Se concentra en la judicial (sobre el cómo llevarla a cabo y el objetivo perseguido, no se discute), lo urgente era el gesto de poder: desmantelar un obstáculo, castigar un poder rejego y percibido como adverso.
Y así se procedió: con prisa, porque había que hacerlo cuando se podía y sin miramientos en las formas. En el Senado, pasó con calzador, sin discusiones sobre el fondo y concentrados en conseguir los senadores necesarios (se recurrió a ausencias inexplicables y al voto de la ignominia).
El próximo domingo es el día del rito que consagra ese triunfo. Lo importante es que ocurra, punto. Si resultó imposible de seguir para cualquier ciudadano, es lo de menos.
La consumación ocurre, como siempre pasa, en condiciones muy distintas de cuando se decidió la medida. La Presidenta ya no está festejando su triunfo en las urnas, sino enfrentando fuertes presiones de nuestros vecinos del norte y a un movimiento sindical muy agresivo que a diario le colapsa la capital. Mal momento para defender esta reforma. Mal momento para mostrarnos así ante el mundo.
La oposición ausente y omisa durante todo el proceso, no ha encontrado al final más opción que la de la flojera: llamar a los ciudadanos a que se abstengan (ni siquiera han aparecido en las redes sociales sugerencias de, según ellos, por quién habría que votar).
El absurdo enloda todo y a todos. Aparecen los acordeones oficiales entregados por gobernadores y servidores de la nación (era eso o entregar el Poder Judicial a intereses criminales o desconocidos). La verdad es que no hay manera de presentarse a las urnas sin un acordeón (cada quién escogerá su guía). Lo llaman democracia, es el triunfo de la simulación.
Que el Poder Judicial no funciona —ni ha funcionado— como debería, es un hecho. Reina la corrupción y ganan los más fuertes y más ricos. Así es. Pero lo de ahora no es un remedio, es solo una demolición.
Las consecuencias, esas, las iremos descubriendo poco a poco.
