Es muy transparente la relevancia que hoy tiene la comunicación digital en el ejercicio del poder público en ámbitos locales y regionales; servidores públicos de los poderes públicos consideran inherente a su función la comunicación a través de redes sociales y hoy la rendición de cuentas de todo servicio gubernamental considera la internet un medio más para la difusión de sus resultados.
La gobernanza actual, entendida como el proceso sustantivo de toma de decisiones y istración de una entidad, ya sea pública o privada con mayor influencia y capacidad de los actores no gubernamentales (Joseph S. Nye y Francis Fukuyama), así lo dicta: la práctica de involucrar a la ciudadanía en el eje de sus decisiones –en diferentes grados, claro está– y las estrategias de propaganda lo subrayan permanentemente: la comunicación digital es central para comunicar con eficiencia y economía de recursos, dada la estadística actual: 114 millones de personas usuarias de Internet en México (Statista, 2025), de los cuales más de 90% revisa a diario las redes sociales y les dedica en promedio 192 minutos al día (51 minutos más que la media global); en respuesta, los 32 gobernadores y gobernadoras en la República Mexicana mantienen presencia en los microbloggings, lo que les permite no solo obtener la voz ciudadana directamente, sino obtener la tensión social sobre temas coyunturales, para que, a partir de ello, se diseñen o moldeen las decisiones cuyo impacto puede ser proyectado y medido…
Hay, desde luego, excepciones. Hay funcionarias y funcionarios que no lo consideran útil o menosprecian el valor comunicativo de las redes sociales; no tiene consecuencias porque en general el aparato gubernamental se superpone a esa resistencia hasta hacerla inadvertida, y la demanda social todavía es incipiente en diversos campos de la gestión gubernamental. Lo interesante de la ausencia es que no hay correspondencia con los resultados de su istración por ende… en otra entrega destacaremos esos casos; baste decir que el promedio de la Red practica búsquedas que satisfacen su necesidad de información, al margen de los mecanismos para obtenerla a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, gracias en mucho a la responsable actividad de las entidades gubernamentales que siguen alimentando una actitud de transparencia y rendición de cuentas. En México, la reciente centralización en el ejercicio de garantizar la respuesta a las solicitudes de información, a costa de la desaparición del órgano autónomo encargado de hacerlo antes, ha tornado la transparencia en un asunto regresivo, y cuyos resultados aún están por verse. Al tiempo.
