La conversación que sostuve hace unos días con uno de los candidatos participantes de la elección judicial confirmó todos mis temores. A dos semanas de que se celebren esos comicios, los aparatos clientelares están pisando fuerte.
La mayoría encabezada por Morena tiene obvias ventajas. Sin embargo, otras estructuras de acarreo compiten también por el territorio.
Mi interlocutor tiene los números muy claros. Ganará la presidencia de la Suprema Corte quien obtenga tres millones y medio de votos. En cambio, para llegar a ocupar un asiento de ministra o ministro se necesitará un millón y medio.
Afirma que el partido gobernante cuenta con tres brazos para sumar votos a favor de sus candidaturas: la estructura del bienestar, los cuadros del partido y los comités de operación territorial (COTs).
La estructura del bienestar estaría integrada por las y los funcionarios responsables de operar los programas sociales —entre ellos estarían los servidores de la nación— y también las personas beneficiarias de ese recurso público.
De acuerdo con los líderes de la 4T, la llamada estructura del bienestar podría movilizar hasta seis millones y medio de votos. Es decir que ella sola bastaría para resolver la presidencia y la mayoría de los asientos de la Corte.
A esta estructura se sumaría medio millón de votos que son los que Morena puede aportar con su propia organización. Las presidencias de los comités en los tres niveles, los liderazgos en los distritos y la representación popular guinda, tanto local como federal, forman parte de esta misma red.
Cabe suponer que la estructura del bienestar compartirá con sus integrantes un solo instructivo (acordeón) para instruir el llenado de las boletas. Sin embargo, no puede esperarse lo mismo para la organización partidista, ya que dentro de Morena hay opiniones encontradas sobre quiénes deben llegar al Poder Judicial.
El tercer brazo con el que Morena ha logrado imponerse en las elecciones anteriores son los Comités de Operación Territorial. Se trata de aparatos generalmente financiados con recursos públicos ordeñados ilegalmente a los gobiernos locales que sirven también para movilizar votantes. A diferencia de los anteriores, el acarreo orquestado por los COTs cuesta mucho dinero porque atienden poblaciones mercenarias que asisten a las urnas sólo si reciben un estímulo económico.
Asegura mi interlocutor que el costo por voto para estos comités ronda los mil pesos por persona. Es decir que se trataría de la operación más cara de la jornada. Estos COTs fueron exprimidos al máximo en los comicios del año pasado, por lo que, a excepción de algunas entidades cuyo presupuesto es grande, esta vez no cuentan con recursos sustantivos para cumplir con el encargo.
Aclara el candidato que, frente al aparato oficialista de movilización, también los demás partidos se están organizando para llevar a los más altos cargos del Poder Judicial a interlocutores que luego podrían defender sus intereses. Comparte conmigo la fuente que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano están tejiendo su propia estrategia de movilización.
Esta semana una reportera logró colarse dentro de una reunión organizada por funcionarios del gobierno estatal de Nuevo León y obtuvo grabaciones que confirmarían la existencia de estas redes alternativas. Todo indica que el gobernador Samuel García no dejará a otras fuerzas políticas la definición, en su entidad, de los cargos sujetos a votación. Al menos en Nuevo León los jueces y magistrados que ganen le deberán favores al partido naranja y muy probablemente también uno que otro ministro de la Corte.
Si tal cosa está ocurriendo ahí, lo más probable es que lo mismo sucederá en Jalisco. Aguascalientes y Querétaro harán lo propio para arrimar electores de color azul y tanto Coahuila como Durango intentarán ayudar con su apoyo tricolor. Entre el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, calcula el informante, sumarán a la contienda unos dos millones de votos.
La novedad en esta ocasión —me sorprende el dato— es que los partidos Verde y del Trabajo agarraron camino apartados de Morena. Al parecer, a diferencia de las elecciones del año pasado, Morena va sola en este proceso comicial. En el abordaje que los piratas de la política están por cometer contra el barco del Poder Judicial, cada uno quiere reclamar su parte del tesoro.
Esto quiere decir que los aparatos clientelares de esas dos fuerzas aliadas del oficialismo habrán celebrado contratos por separado con las personas de su conveniencia. Dice la fuente que el aporte de esta otra red nacional de movilización rondaría el millón de votos. En total las redes partidistas aportarían diez millones de boletas. A las huestes anteriores podrían añadirse otras estructuras como la de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación, del Seguro Social, de Petróleos Mexicanos o bien de la industria eléctrica. Mi informante no fue capaz de especular sobre la cantidad de gente que visitará las urnas, invitada por esta última vía.
Si tales cálculos son ciertos, la elección judicial asegurará un piso que vale cerca del diez por ciento del padrón electoral. Este cálculo coincide con la cifra que, desde la presidencia de la República, ha sido referida en varias ocasiones.
¿Además de estos votos —llámemelos “clientelarmente orientados”— habrá participación de ciudadanas y ciudadanos libres que, después de analizar cada una de las propuestas, tomen con plena conciencia su decisión antes de tachar la boleta?
Muy probablemente serán los menos. En esta ocasión su voluntad pesa poco frente a la avasallante maquinaria organizada para arrebatar la autonomía y la independencia de las personas juzgadoras.
En la entrega del próximo sábado razonaré las ventajas de acudir a las urnas y también los motivos para no hacerlo. Ante el escenario aquí descrito, ¿botar o votar en las urnas judiciales? Esa es la pregunta que dejo pendiente.
